Artículo de Isidro Toro Pampols
Un sistema político se considera legitimo cuando se accede al poder sobre la base del estado de derecho en el marco de la respectiva constitución sancionada democráticamente. Lo antes dicho se conoce como legitimidad de origen, pero no es suficiente, se ratifica en la cotidianidad con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía, canalizada por las leyes.
Estos conceptos han sido escriturados en el derecho continental en la Carta Democrática Interamericana sancionada por la Organización de Estados Americanos en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001.
En el artículo tercero de la Carta se declara, taxativamente, que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Se destaca que centra su atención en la democracia representativa, aunque perfila elementos de la democracia participativa ya que la ciudadanía interactúa con las instituciones públicas de manera consuetudinaria.
En su artículo sexto hace énfasis sobre que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”.
La manera de canalizar la participación es acercando las instituciones a la población. Los ayuntamientos, históricamente, son las corporaciones públicas que cumplen este cometido, pero hoy, en un mundo cada día más complejo, hay servicios que deben ser avecindado a los munícipes.
De allí que la descentralización es la mejor vía conocida para lograr el objetivo y esta es un proceso en permanente construcción que pasa por fortalecer a los municipios, desconcentrar instituciones públicas, vigorizar la sociedad civil representada en gremios, las ONG, asociaciones vecinales, entre otras.
Para alcanzar diariamente estos objetivos es necesario un “régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, como rotula la Carta.
Los partidos políticos, sean de gobierno u oposición, tienen la principalidad en este cometido. Son los articuladores de los intereses de la sociedad con el Estado. Son, aunque no exclusivamente, la caja de resonancia de la comunidad y tienen el deber de informar y coadyuvar en la formación democrática de sus militantes y de la ciudadanía, especialmente en estos tiempos en que la diversidad de medios de comunicación se presta para la banalidad, el libertinaje y el extravío.
Entonces tenemos que los partidos políticos deben ser escuelas republicanas de formación de demócratas con sentido de historia y con el cuidado de no caer en extremismos propios de fanatismos que, finalmente, nos llevan a regímenes autoritarios contrarios a la doctrina democrática.
Hoy, cuando la llamada anti política continua en su labor contra los partidos, algunos de estos contribuyen con el accionar de sus dirigentes guiados más por su conducta egotista que por el bienestar colectivo.
Los partidos políticos deben observar la abstención, la cual crece en todos los países de Hispanoamérica, como un síntoma de la desafección ciudadana por el sistema democrático; dejar de lado banalidades y centrarse en la calidad de vida que incluye la democracia eficaz, siendo esta lo importante para la sociedad.
Publicado en 18 marzo 2025 en ReporteExtra.com
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